México atraviesa una etapa en la que la violencia dejó de ser una crisis episódica para convertirse en una condición estructural. Lo que antes parecía excepcional hoy forma parte de la vida cotidiana. Ejecuciones, secuestros, hallazgos de restos humanos, ataques armados en zonas urbanas y la expansión del crimen organizado evidencian un deterioro profundo del Estado.
Ataques a plena luz del día, cuerpos abandonados con mensajes de intimidación, asesinatos cometidos con absoluta impunidad y una criminalidad cada vez más visible muestran que la violencia no solo persiste, sino que se ha normalizado. Escenas que antes paralizaban a la opinión pública hoy pasan con rapidez en el ciclo informativo, como si el país hubiera aprendido a convivir con el horror.
Estos hechos no son anomalías: son síntomas de un sistema que no funciona. La policía, en muchos casos, está rebasada o infiltrada; la depuración es insuficiente y la profesionalización sigue siendo más discurso que realidad. El Ministerio Público integra mal expedientes, las investigaciones se caen y los procesos se derrumban en tribunales. Los jueces, enfrentados a casos deficientes, terminan liberando imputados; y el sistema penitenciario, lejos de rehabilitar, permite que las estructuras criminales se mantengan y se reorganizen.
La consecuencia es un círculo vicioso: la impunidad alimenta el delito y el delito profundiza la descomposición institucional.
Pero hay un factor menos visible, aunque igual de determinante: la educación. Un país que no forma ciudadanos críticos, disciplinados y con sentido de responsabilidad; y con bases morales firmes, difícilmente puede aspirar a fortalecer su Estado de derecho. Cuando la enseñanza pierde rigor y se sustituye el conocimiento por contenidos superficiales o ideológicos, el deterioro no se refleja solo en el aprendizaje, sino en la convivencia social, en el respeto a la ley y en la noción misma de comunidad.
Un país con instituciones débiles y ciudadanos mal formados enfrenta un horizonte incierto. La violencia no se resuelve solo con operativos ni con discursos. Requiere policías profesionales, fiscalías técnicas, jueces independientes y un sistema penitenciario funcional. Pero también exige una educación que forme criterio, que enseñe a distinguir el bien del mal y que recupere la noción de responsabilidad personal.
Y sin embargo, el problema de fondo es todavía más grave: México no solo enfrenta un Estado rebasado, sino gobiernos que han confundido gobernar con hacer política. Mientras el país se desangra, el poder discute narrativas, administra percepciones y se refugia en la propaganda. Gobernar implica imponer el orden de la ley, garantizar la seguridad y preservar la estabilidad (no administrar percepciones ni proteger proyectos políticos personales).
La violencia que hoy vemos no es únicamente obra del crimen organizado. Es también el resultado de la incapacidad y de la renuncia del Estado a ejercer plenamente su autoridad. Y cuando un gobierno se dedica más a la política que al gobierno, la consecuencia inevitable es que otros (los violentos, los criminales, los que imponen el miedo) terminan gobernando en su lugar. Porque el poder que no se ejerce para imponer la ley, alguien más lo ejerce para imponer el terror. Y ese es, quizá, el dato más brutal de nuestro tiempo: en demasiadas regiones de México, el Estado ya no manda.